Nueva alerta de Moody’s

Moody’s Investors Service indicó ayer que los nuevos estimados de liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) suponen un factor negativo al ya maltrecho perfil crediticio del agente fiscal del Gobierno, pues estos son más bajos que los estimados iniciales.

Asimismo, la casa evaluadora opinó que los nuevos estimados del BGF confirman que el Gobierno central todavía depende de tomar prestado en los mercados para financiar sus operaciones, pese a que los inversionistas dispuestos a prestarle a la Isla requieren cada vez condiciones más onerosas para Puerto Rico.

En un escueto reporte, Moody’s advirtió que los estimados de la liquidez del BGF más recientes denotan un cuadro más adverso del que se estimó en marzo pasado.

Específicamente, y si la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) no logra pagarle al BGF unos $2,100 millones, el efectivo disponible del BGF caería un 22% más de lo estimado hace unos seis meses.

El pasado lunes, El Nuevo Día reseñó que la posibilidad de un cuadro de insolvencia para el Gobierno no se ha desvanecido. Ese escenario, donde el Gobierno tendría que decidir si aporta el pago de las pensiones, si asigna fondos a Mi Salud o si paga la deuda, podría comenzar a verse concretamente el año entrante, según los economistas  Elías Gutiérrez  y  Antonio Fernós Sagebién  y el director de Política Pública del Centro para Una Nueva Economía (CNE),  Sergio Marxuach.

Asimismo, este diario reseñó la semana pasada, que entre marzo y septiembre de este año, la liquidez del BGF menguó en 60% y que entre los años fiscales 2014 y 2015, el Gobierno y sus corporaciones públicas tendrán que pagar unos $2,450 millones en obligaciones de corto plazo. De esa cifra, y aparte de la transacción de la ACT, el Gobierno pretende refinanciar unos $895 millones en obligaciones generales.

Contra la pared por la ACT. “Si Puerto Rico fracasa en refinanciar cualquiera de los préstamos de la ACT, las reservas disponibles del BGF caerán a $819 millones (o cerca del 1.1% de la deuda pública total) al final de marzo de 2015”, reza el reporte suscrito por los analistas Edward Hampton, Emily Raimes, Timothy Blake y Robert A. Kurtter.

En principio, el BGF había estimado que en el año fiscal en curso, y que culmina el 30 de junio de 2015, tendría unos $2,000 millones en efectivo. Esto, si durante ese período la ACT le pagaba al menos $1,000 millones de la deuda que la corporación mantiene con el BGF.

De acuerdo con Moody’s, en esencia, el BGF depende de la legislación para aumentar los impuestos asociados al petróleo y de la venta de los bonos de la ACT para mantenerse a flote y con este, el propio Gobierno central.

De no ser el caso, la situación del BGF se complicaría a tal grado que enfrentaría serios retos para cumplir con sus propias obligaciones. En este año fiscal, el BGF debe pagar unos $481 millones en notas y en 2016, tendrá que pagar otros $876 millones, según Moody’s.

Condiciones “punitivas”.  Moody’s entiende que es poco probable que el BGF y el Gobierno central incumplan con el pago de la deuda y que para ello se posponga el pago de obligaciones presupuestarias (como sería pagar alquiler, contratos de suplidores o el salario de los empleados, por ejemplo). Ello, porque “probablemente, el pequeño grupo” de inversionistas interesados en prestarle al gobierno de Puerto Rico financiarán la transacción de la ACT, aunque bajo condiciones “punitivas”.

Según la firma, si la transacción de la ACT se completa, el BGF lograría tener en caja unos $2,000 millones, lo que sería superior a los estimados de marzo pasado.

De ser el caso, ello haría contrapeso a la baja de $1,700 millones en efectivo que experimentó el BGF entre marzo y septiembre pasados. Parte de esa baja, se produjo por los $700 millones que el BGF dio a Hacienda con los llamados Trans y porque el BGF tuvo que comprar $200 millones en deuda variable de la ACT para evitar que esa corporación pública entrara en impago o default.

El BGF considera utilizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) como vehículo para emitir deuda, que a su vez, se utilizará para saldar los préstamos de la ACT con el BGF.

Esta no sería la primera vez que se utiliza a AFI como conducto para salvar una corporación pública.

En 2012, cuando el Gobierno privatizó la operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a través de una alianza público privada, el BGF utilizó a AFI como conducto para financiar $800 millones que la Autoridad de los Puertos (AP) no podía pagar. La suma se canceló cuando se completó la transacción.